RedacciónLa Superintendencia de Competencia Económica (SCE) hizo público su ‘Estudio de Mercado sobre las Cadenas Agroalimentarias’, que abordó la producción agrícola, industrialización y comercialización de: i) cereales (trigo y arroz); ii) hortalizas (papa chola, tomate riñón y cebolla); y, iii) cárnicos (carne de res, carne de pollo, atún y huevos).
El objetivo de este Estudio fue conocer a fondo el sector agroalimentario e identificar posibles distorsiones y riesgos que puedan afectar la eficiencia y la competencia en las mismas.
El sector agroalimentario es de vital importancia para la economía ecuatoriana, dado que representó en promedio el 8,04% del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2017 y el 2022. Asimismo, para diciembre de 2022 en este sector se generaron el 32,2% de las plazas de empleo total en relación a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, alrededor de 1,5 millones de plazas.
Desde los resultados del Estudio se pretende proponer mejoras al desempeño de dichas cadenas, a través de la promoción de mejores prácticas de competencia y libre concurrencia; entre los principales hallazgos del Estudio se tiene que:
- – La información referente a productores, producción, costos, precios y ubicación de los actores del sector primario que poseen AGROCALIDAD y el MAG es incompleta y, en algunos casos, no está disponible; a su vez, está particularmente agregada, de modo que no permite la identificación de variables relevantes como las anteriormente mencionadas.
- – El último censo agrícola del país corresponde al del 2000. La falta de información en todos los ámbitos podría tener repercusiones en la formulación e implementación de apropiadas políticas públicas y dichas regulaciones se diseñarían y ejecutarían con base en información insuficiente del mercado.
- – Algunas políticas de precios relacionadas al sector han sido otorgadas. mayoritariamente, por Acuerdos Ministeriales, incumpliendo lo establecido en el artículo 32 de la LORCPM, que determina que se debe realizar a través de Decreto Ejecutivo.
- – Asimismo, se identificó que dichas políticas (hayan sido instrumentadas por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial) no fueron emitidas con carácter excepcional y temporal, conforme manda la ley.
- – La emisión de dichas políticas (sin obviar la importancia de los objetivos que persiguen) podrían generar efectos negativos en la competencia: i) en algunos casos propenderían a una excesiva transparencia de los precios, lo cual podría contribuir a la generación de mecanismos de coordinación entre competidores; y, ii) los mecanismos para su establecimiento tendrían la posibilidad de fomentar espacios que potencialmente facilitarían el intercambio de información sobre costos de producción, o de fijación de precios entre operadores económicos.
- – Se constató que (en varios casos) la Autoridad no contaba con informes o documentos que hubieran servido de sustento técnico para la emisión de las referidas políticas de precios.
- – Existe un amplio marco normativo que permitiría a las entidades del Estado otorgar ayudas públicas en el sector agroalimentario en general; así también, se evidenció tanto de la información remitida como de fuentes de información públicas que se estarían gestionando programas, subsidios y otras formas de política pública que entrarían en la categoría de ayudas públicas según lo determinado en el artículo 29 la LORCPM; sin embargo, ninguna de estas posibles ayudas ha sido notificada a la SCE para que proceda, de conformidad con sus atribuciones, con la evaluación de las mismas.
- – En el país prima el uso de la semilla de la categoría común (la cual no ha recibido tratamiento genético alguno) y en excepciones la mejorada; la de menor uso es la semilla certificada, a pesar de ser la que garantizaría el incremento de los rendimientos. Por su parte, la semilla básica o registrada para multiplicación se distribuyó entre un número reducido de operadores económicos, lo que deriva en la concentración de este insumo relevante de producción.
- – Durante el período 2017-2022, el total de créditos otorgados por BanEcuador a los actores del sector agropecuario decrecieron (según el sector analizado) sustancialmente entre el 50% y más del 90%, llegando incluso para algunas actividades a ser nula para el final del periodo. De otra parte, respecto de los préstamos que se canalizaron por medio de la banca de segundo piso se observó que el valor de las tasas de interés que los bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito cobraron a sus clientes en comparación con las que la CFN prestó a dichas entidades financieras fueron entre 60% y 280% superiores, lo cual podría reducir la posibilidad de acceso al crédito de los productores.
En virtud de los resultados del Estudio, la SCE emitió recomendaciones a la Presidencia de la República del Ecuador, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, a la Banca Pública, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a los GAD cantonales de Ventanas, Portoviejo, Puyango y Portovelo y a la Junta de Regulación del Control del Poder de Mercado. (I)
Fuente: (SCE)
