América Latina confirma acelerada tendencia en pérdida de biodiversidad

WWF llama a gobiernos, empresas y sociedad a comprometerse con un convenio global por la naturaleza similar al Acuerdo de París. El uso insostenible de recursos ocasiona una doble crisis, climática y de biodiversidad.

Se debe impulsar un enfoque basado en el derecho a un medio ambiente saludable que incluya, en particular, las voces de las comunidades indígenas.

 

La velocidad y la escala del impacto negativo de las actividades humanas en la naturaleza se manifiesta en el descenso del 69% (promedio) en la abundancia poblacional de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios de todo el mundo, subraya la edición 2022 del Informe Planeta Vivo. La publicación bianual de WWF confirma, de nueva cuenta, que Latinoamérica y el Caribe, son una de las regiones del planeta, donde se registra el declive regional más alto con una disminución de 94% en las poblaciones monitoreadas.

El Informe, dado a conocer hoy, pone de manifiesto el crudo panorama del estado de la biodiversidad y advierte urgentemente a los gobiernos, las empresas y al público a tomar medidas transformadoras que reviertan su destrucción. Asimismo, subraya que el mundo enfrenta una doble emergencia inducida por los seres humanos, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que amenazan el bienestar de la humanidad.

“A nivel mundial y regional enfrentamos cambios ambientales sin precedentes que conllevan grandes desafíos para las personas, sobre sus medios de vida, su salud y bienestar en general. Esta realidad no es ajena a Ecuador, que es uno de los 17 países megadiversos del mundo, con la región más húmeda de toda la Amazonía y uno de los archipiélagos volcánicos mejor conservados, pero enfrenta crecientes presiones sobre sus ecosistemas marino-costeros, acuáticos y terrestres, como la deforestación, contaminación, introducción de especies invasoras y el cambio climático”, señaló Tarsicio Granizo, Director país de WWF-Ecuador.

El Informe monitorea a casi 32,000 poblaciones de 5,230 especies del planeta y ofrece la imagen más nítida sobre su evolución con que se cuenta hasta ahora. El parámetro de medición es el Índice Planeta Vivo (IPV), el cual hace un seguimiento de la abundancia en poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. La relevancia de las tendencias registradas es que muestra una instantánea de los cambios en los ecosistemas y alerta sobre su estado de salud. De igual forma, el IPV permite observar medidas de éxito cuando se aplican políticas de conservación adecuadas.

En cuanto a especies, las poblaciones de agua dulce muestran un mayor descenso general en el ámbito mundial con un 83%. Por ejemplo, una de las poblaciones evaluadas del delfín rosado del Amazonas sufrió una disminución del 65% debido al aumento de la pesca selectiva, así como a las presiones impuestas por el rápido crecimiento de la población humana. La mitad de los corales del planeta se ha perdido y ello tiene un impacto negativo en cadena, pues albergan a un cuarto de todas las especies marinas y dan soporte a una compleja cadena trófica que incluye a los humanos. Mientras que la abundancia mundial de 18 de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas se ha reducido un 71% en los últimos cincuenta años.

Los principales factores directos identificados como responsables de la degradación de los sistemas terrestres, marinos y de agua dulce son los cambios de uso del suelo, la sobreexplotación de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. El Informe sostiene que la doble crisis ambiental se puede mitigar con el aumento de los esfuerzos de conservación y restauración, la producción y el consumo de alimentos de forma más sostenible, y la rápida y profunda descarbonización de todos los sectores. Los 89 autores y autoras que participaron en la redacción del texto piden a los responsables políticos que transformen las economías para que los recursos naturales se valoren adecuadamente.

“El informe deja claro que los sectores públicos y privados, así como el público deben cambiar los valores y normas que definen nuestra relación con la naturaleza porque éstos tienen un sesgo que conduce a la degradación, mediante prácticas destructivas que dañan los océanos, selvas y humedales del mundo. Urge un enfoque transformador que también tome en cuenta otros factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad y que incluyen asuntos financieros, como la especulación; los económicos, como centrarse en el crecimiento del PIB; los socioculturales, como los actuales patrones de producción y consumo; o aquellos relacionados con una gobernanza deficiente”, puntualizó Jordi Surkin, Coordinador de Conservación de WWF en Latinoamérica.

América Latina, entre las zonas prioritarias del planeta

El Informe subraya que las tendencias de abundancia de fauna silvestre varían según regiones, siendo las tropicales las que están sufriendo un mayor declive. La deforestación en las zonas tropicales genera emisiones de carbono y conduce a climas locales más cálidos y secos, incrementando la cantidad de sequías y de incendios y, dependiendo de su magnitud, reduce las precipitaciones y modifica sus patrones globales. Ello es perjudicial para el clima, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de millones de personas a nivel global.

En ese sentido, se identifican diez áreas de alta prioridad para la mitigación de riesgos, algunas de éstas en América Latina: la cuenca del Amazonas (que está constituida por todos los ríos que drenan al río Amazonas); el bosque Atlántico (ubicado en Brasil, Argentina y Paraguay); y el norte de los Andes hasta Panamá y Costa Rica.

El Informe destaca la situación en la Amazonía, el bosque tropical más grande y con mayor diversidad biológica y cultural del mundo, cuya cuenca se encuentra degradada en un 17%. Advierte que el 26% de la Amazonía presenta un estado de perturbación avanzada, lo cual supone degradación de los bosques, incendios recurrentes y deforestación. Se trata de un nivel continuo de destrucción con repercusiones devastadoras en el ámbito local e implicaciones negativas para la estabilidad climática del planeta, pues almacena entre 150 y 200,000 millones de toneladas de carbono.

Por otro lado, puntualiza que el 27% de la Amazonía corresponde a territorios indígenas y en ellos se encuentran las menores tasas de deforestación. La Amazonia es el hogar de más de 500 grupos de pueblos originarios, incluyendo a 66 grupos en aislamiento voluntario y/o contacto inicial. De ahí que se acentúe la necesidad de visibilizar el liderazgo de pueblos originarios y comunidades locales, pues sus enfoques de conservación sitúan las relaciones de reciprocidad personas-espacios en el centro de las prácticas culturales y cuidado. Además incluye saberes científicos y ecológicos que se transmiten de generación en generación relevantes para evitar desastres naturales.

“Ecuador no solo es un país megadiverso sino también plurinacional y multicultural de acuerdo con la Constitución. Que también reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, para detener los impactos que supone un nivel continuo de destrucción en la Amazonía, resaltado en este Informe, resulta imprescindible seguir fortaleciendo las capacidades en los distintos

niveles de gobiernos, sumando el compromiso del sector privado y sociedad civil, para garantizar efectivamente que esos derechos sean garantizados mediante el respeto y reconocimiento de sus autoridades y mecanismos de decisiones propios. El cumplimiento de estándares sociales y ambientales rigurosos, es indispensable para asegurar que los territorios, medios de vida y derechos de comunidades locales y pueblos indígenas sean protegidos”, resaltó Jorge Rivas, Director de Conservación para Paisajes Terrestres de WWF-Ecuador.

El derecho a un medio ambiente sano

La edición 2022 del Informe, da particular relevancia al papel que se le concede a los derechos humanos como desencadenante de cambios sociales transformadores, de tal manera que hace un llamado a la acción y reflexión colectiva sobre la pérdida acelerada de las especies y sus consecuencias para los ecosistemas. En el documento se identifica el colapso climático, la pérdida de naturaleza, la contaminación y la pandemia de Covid como crisis de los derechos humanos y se celebra que la Asamblea General de la ONU haya reconocido el derecho de las personas a un medio ambiente saludable en julio pasado.

En más de 80 países, donde se ha reconocido el derecho a un medio ambiente saludable, se han creado leyes y políticas ambientales más firmes, con una mejor implementación y observancia, una mayor participación de la sociedad civil y, lo más importante de todo, un mejor rendimiento ambiental. Se subraya que un medio ambiente saludable es un catalizador de cambios sistémicos, a partir del cual la ciudadanía ha impulsado mecanismos para proteger a las especies amenazadas y los ecosistemas en peligro.

“Para detener y revertir la acelerada pérdida de la biodiversidad y sus devastadores impactos sobre las personas, es imperativo contar con un cambio radical en el modelo de desarrollo, con medidas integrales, ambiciosas e inclusivas, en múltiples niveles y con el involucramiento de todos los sectores, que permitan efectivamente alcanzar una transformación social, económica y ecológica que el país y el Planeta necesitan. Solo integrando diversos enfoques, incluyendio un enfoque de derechos humanos podremos avanzar hacia una gobernanza ambiental inclusiva, que garantice el uso sostenible de los recursos naturales y beneficios equitativos para las personas, especialmente para las poblaciones más vulnerables”, agregó Granizo. (I)

Fuente: WWF-Ecuador

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