La regulación ecuatoriana amplía las fuentes para evaluar el riesgo crediticio e incorpora información de las telecomunicaciones. El cambio abre una vía para que personas con poca trayectoria bancaria puedan hacer visible su comportamiento de pago.
Quito, Ecuador.– Para acceder a un crédito normalmente se necesita historial crediticio. Pero construirlo puede ser difícil precisamente para quienes nunca han tenido uno. Una reciente reforma regulatoria en Ecuador busca ampliar la información disponible para romper, al menos parcialmente, ese círculo.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) expidió el 20 de agosto de 2026 la Resolución JPRFM-2026-033-F, que amplía y precisa las fuentes de información que pueden utilizarse para analizar el riesgo crediticio, el nivel de endeudamiento y el comportamiento de pago de las personas.
Entre las fuentes incorporadas están las empresas de telecomunicaciones. La normativa también permite considerar información relacionada con el pago de servicios básicos o de telecomunicaciones como fuente complementaria cuando aporte elementos sobre el cumplimiento de obligaciones o la capacidad de endeudamiento.
El cambio es relevante por la escala que tiene la telefonía móvil en Ecuador. A julio de 2026 existían 16,7 millones de líneas de servicio móvil activo, según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). De ellas, 12,94 millones eran prepago y 3,76 millones pospago.
Esto no significa que tener un celular otorgará automáticamente acceso a un préstamo ni que pagar una factura garantizará una mejor calificación crediticia. La novedad es que el comportamiento de pago fuera de la banca tradicional puede convertirse en una señal adicional para evaluar el perfil financiero de una persona.
La reforma podría ser especialmente relevante para quienes enfrentan una paradoja frecuente en la inclusión financiera: necesitan demostrar que son buenos pagadores para obtener crédito, pero tienen pocas oportunidades de demostrarlo porque nunca han accedido a financiamiento formal.
“Construir historial crediticio también implica hacer visible el buen comportamiento de pago. Hay personas que quizá no tienen una tarjeta o un crédito bancario, pero cumplen responsablemente con sus obligaciones. Incorporar nuevas fuentes de información puede ayudar a reconocer esas señales y generar una evaluación más completa para quienes han tenido pocas oportunidades de demostrar su capacidad de pago”, señala Joaquín Dávalos, CEO de PayJoy Ecuador.
Ecuador tiene cuentas, pero todavía tiene una brecha de crédito
La dimensión de esa brecha aparece con claridad en las estadísticas financieras. Al cuarto trimestre de 2025, 11,6 millones de adultos tenían algún producto financiero, equivalentes al 91,6% de la población adulta, según el Banco Central del Ecuador. Sin embargo, solo 3,7 millones mantenían algún crédito vigente, el 29,7%.
Son 61,9 puntos porcentuales de diferencia entre la proporción de adultos vinculados al sistema financiero y aquella que efectivamente mantiene financiamiento. Tener una cuenta, por tanto, está mucho más extendido que tener crédito.
En este contexto, incorporar fuentes alternativas puede ampliar la información disponible para evaluar a jóvenes, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y otras personas con poca trayectoria crediticia tradicional.
La tendencia va más allá de Ecuador. Según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, cerca del 80% de los adultos del mundo posee una cuenta financiera. Pero aproximadamente 1.300 millones permanecen fuera del sistema y, entre ellos, unos 900 millones tienen un teléfono celular y 530 millones un smartphone. La infraestructura móvil ya alcanza, por tanto, a cientos de millones de personas que todavía están fuera de los servicios financieros formales.
En Ecuador, la nueva regulación agrega otro componente a esa relación entre telefonía e inclusión financiera: el celular puede ser no solo una herramienta para acceder a servicios financieros, sino también una fuente de información para evaluar a quienes todavía tienen poco historial crediticio.
La resolución establece límites importantes. Las nuevas fuentes deben aportar información objetiva y verificable al análisis de riesgo y capacidad de endeudamiento, respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y evitar efectos discriminatorios o excluyentes.
El reto estará en determinar cuánto peso tendrán estas nuevas señales en la práctica. La regulación abre la puerta para contar con más información; convertirla en mayor acceso al crédito dependerá de cómo sea incorporada en los modelos de evaluación de riesgo.